Crónica de la Jornada del 25 de septiembre de 2012. Situación actual de la Evaluación Ambiental ante

La evaluación ambiental se enfrenta a la necesidad de hacerse más eficaz y menos burocrática.

El Comité de Transportes del Instituto de la Ingeniería de España, en colaboración con la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, fue el anfitrión ayer de un debate sobre el estado del sector en la coyuntura actual de crisis económica. Los participantes estuvieron de acuerdo en que se abren demasiados expedientes de evaluación del impacto que tienen los proyectos en la naturaleza, y propusieron sugerencias para reducir ese número, así como para que los plazos no se alarguen innecesariamente en el tiempo.

Ángel Aparicio, presidente del Comité de Transportes del IIE, planteó la mesa redonda como una oportunidad para mirar atrás, a los 25 años de evaluación ambiental en España, y para mirar adelante y mejorar los procesos. La mesa estuvo moderada por Emilio Ortega, vocal del Comité.

Eugenio Rodríguez Collado, consejero técnico de la Subdirección General de Evaluación Ambiental (del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente), reconoció que las evaluaciones se consideran socialmente como algo “molesto, una traba para la inversión”. El técnico cree que el problema no está en los plazos, “que se pueden cambiar”, sino en la norma en sí, que debe ser “más acorde con la realidad de los proyectos”.

La crisis ha reducido el número de proyectos y, en proporción, el número de expedientes. “Desde 2010 han caído en picado”. Además, añadió, “a muchas empresas les ha entrado la tentación de sustituir a externos con gabinetes propios que no estan especializados en evaluación de impacto ambiental. Eso ha provocado una disminución de la calidad de la documentación aportada al proceso, por lo que luego debemos pedir información complementaria. Esto aumenta los tiempos de tramitación”.

Collado señaló que la Administración central está trabajando para mejorar los procedimientos. Entre las mejoras que propuso, afirmó que deberían pedirse ciertos certificados por adelantado, para ganar tiempo. Asimismo, reclamó una mayor colaboración entre el Gobierno central y las autonomías (puso énfasis en la falta de colaboración de estas últimas).

Funcionar correctamente

Manuel J. Prats, jefe de Área de Integración Ambiental y Calidad de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) analizó el contexto normativo, y repasó las declaraciones de impacto ambiental en las que ha trabajado Adif y los proyectos en los que se han visto plasmadas. Además, señaló las vías de trabajo que se están emprendiendo desde Adif en el actual contexto económico, dirigidas principalmente a incrementar la eficacia de la inversión de integración ambiental de las líneas de alta velocidad.

El tercer interlocutor fue Íñigo Sobrini, presidente de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, que agrupa a diversas empresas y consultoras. A su juicio, la mejor manera de luchar contra la crisis es que los procedimientos funcionen correctamente. “La evaluación no es un freno al desarrollo, creemos que debe ser un freno al desarrollo irresponsable. Hay proyectos que han mejorado gracias a la evaluación, y sería bueno hacer una lista”. Como ejemplo citó la ampliacion sur de la M-40 de Madrid.

Sus propuestas coincidieron bastante con la visión de Collado. “Deben unificarse los criterios entre las comunidades autónomas, en cuestión de plazos, y de nombres. La misma cosa se llama de distinta manera según la región, un proyecto se evalúa o no…” Sobrini insistió especialmente en que hay muchos proyectos cuyo impacto ambiental es pequeño o inexistente, que no deberían estar sometidos a evaluación. “Bastaría con limitarnos a evaluar lo que marca la directiva europea, sin ir más allá. Es la tendencia de los Estados europeos, reducir las exigencias”. Se podrían aplicar procedimientos automáticos de cribado, mediante herramientas informáticas, añadió. “En España hay 7.000 expedientes anuales. En Austria tienen 24, en Alemania no llegan a 1.000”.

Collado estuvo de acuerdo en líneas generales, y explicó que se está trabajando en cambiarlo. Para Sobrini, “la crisis servirá de excusa para racionalizar todo esto”.

Este último reclamó también que los textos aclaren los conceptos, como “qué es un desdoblamiento de carreteras, si Calle 30 es una carretera o es una calle…”, que los informes no sean interpretables (que digan claramente si son favorables o no), que mejore la comunicación entre los promotores y la administración, entre muchas otras cuestiones.

“La evaluacion de impacto debe ser muy clara para no ser un freno”, reconoció Collado, “los consultores que apoyan al promotor deben ser buenos, y la administración debe responder en tiempo y forma. Hay proyectos, como refinerías de petróleo a las que se les ha dicho que no después de seis años… Debería poder decírseles desde el principio: ”Reconsidere su proyecto”.

Claro que tampoco los promotores se libraron de ciertas críticas, como esta de Sobrini: “Hay promotores que con información previa negativa, se lanzan pensando que ya conseguirán algun “enchufe”. Y luego se enfadan cuando se les rechaza”.