Mitos, Realidades y Dilemas de la Cuestión Ambiental y de la Conservación de la Naturaleza
El pasado 20 de marzo, el Comité de Ingeniería y Desarrollo Sostenible (CIDES) del Instituto de la Ingeniería de España organizó la jornada “Mitos, Realidades y Dilemas de la "Cuestión Ambiental” y de la Conservación de la Naturaleza”. Presidió la mesa Dª. María Jesús Rodríguez de Sancho, Presidenta del CIDES del Instituto, quien dio la bienvenida a los asistentes y presentó la jornada. Continuó presentando a los ponentes de gran renombre de la jornada, D. Domingo Gómez Orea, Dr. Ingeniero agrónomo. Catedrático UPM. Perfil Medio Ambiente y Ordenación Territorial y Presidente del Comité de Asuntos Rurales del Instituto. El segundo ponente fue Dª. Pilar Martínez Rodríguez, Especialista en temas ambientales, con amplia experiencia en la “cuestión” suscitada por las políticas de conservación, Pilar Martínez Abogados.
Comenzó la jornada el señor Gómez Orea, con la ponencia “Mitos, realidades y dilemas de la cuestión ambiental y la conservación de la naturaleza” hablando desde el escepticismo y la duda intelectual frente a la certeza y el dogmatismo y estructurando todo su discurso mediante preguntas.
Señaló que desde los años 60 del pasado siglo, en que surge la “cuestión” ambiental, se ha generado una prolija literatura que mezcla ideas científicas, con mitos, prejuicios y “verdades” que no han superado la prueba de la incertidumbre; y que suscitan dilemas sobre las medidas a adoptar o simplemente permiten justificar decisiones políticamente interesadas.
Destacó la sensibilidad ancestral del agricultor por el medio ambiente como pone de manifiesto esta máxima: “toda finca admite mejoras hasta la total ruina de su dueño”, que indica la necesidad de adaptarse a la naturaleza evitando así los impactos ambientales. Esta adaptación también determinó la ubicación, tamaño, forma y cultura de los pueblos, hasta que el Plan de Estabilización de 1959 desencadenó la formación un indeseable modelo de desarrollo Centro-Periferia (económica, social, territorial y ambientalmente insostenible) con dos manifestaciones extremas: una, la creciente acumulación de población en las ciudades y el riesgo de colapso por congestión; otra, la creciente despoblación rural, especialmente en las zonas rurales profundas, (la Laponia española), muchas de las cuales ya son demográficamente insostenibles.
Negó la superioridad ambiental, generalmente aceptada, de lo natural sobre lo artificial mostrando significativos ejemplos de ecosistemas, como la dehesa española, y paisajes agrarios (como la Geria de Lanzarote) que creados por el mundo rural, presentan unos valores insuperables.
Puso de manifiesto el Sr. Gómez Orea la contundente lógica y sensatez de la sensibilidad ambiental frente a la fama de radicalismo que se le suele atribuir; y ello porque en nuestra sociedad la racionalidad es la excepción; porque se utiliza ideológicamente por ciertos colectivos radicales; y por el reduccionismo del síndrome del “ecologista infantil” (como los niños, “no deja hacer nada”) al ignorar las dimensiones social, económica y territorial del medio ambiente y de la sostenibilidad.
Criticó la obsesión administrativa por imponer la protección de espacios no amenazados o solo por amenazas inconsistentes o banales, y al agricultor restricciones de cultivo incumplibles; y el mito de los beneficios económicos al mundo rural, con esta frase: “el que contamina, paga, pero ¿cobra o también paga el que conserva?”, destacando que no se pagan al agricultor los beneficios ambientales que genera, sino que se le penaliza.
Atribuyó el problema de los incendios forestales, de un lado, a la insatisfacción del mundo rural por la demagogia con que se le trata; y de otro, a la acumulación de biomasa, porque no se incentiva su extracción y no se internalizan los beneficios indirectos e intangibles que produce.
Denunció el uso abusivo y banal de la idea de sostenibilidad y la inconsistencia de los apoyos institucionales cuya “obsesión por el PIB”, produce un dilema en el ciudadano comprometido: ¿consumir más, para favorecer el empleo o consumir menos para favorecer la sostenibilidad?. Se alegró de que la economía circular, que sustituye la forma lineal de producir: “tomar, usar y tirar” por la circular: “tomar, usar y reciclar”, haya entrado en el mundo de los negocios. Y recordó que este enfoque no es nuevo, sino el utilizado desde siempre a través de oficios hoy despreciados: el zapatero remendón, el estañador que arreglaba los pucheros, el paragüero, el trapero, incluso el basurero que pagaba por recoger la basura doméstica.
Argumentó que en el planeta Tierra “no falta agua, sino que sobra sal”; quitarle sal al agua es un problema de energía; el sol nos aporta cantidades enormes, pero no sabemos almacenarla; por tanto, lo que realmente falta es ciencia, tecnología y … voluntad…
Cerró la ponencia el Sr. Gómez Orea señalando que, más allá de su realidad, el cambio climático es quizá la gran “idea fuerza” capaz de mostrar a la humanidad la necesidad de modificar, mejor hoy que mañana, el insensato estilo de desarrollo: “la necesidad es el gran acicate del progreso”.
Continuó la jornada la señora Martínez, quien reconoció, que la cuestión ambiental ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero es escéptica ante la excesiva regulación actual. La opinión pública sobre la materia no concuerda de forma general con la realidad de la protección. Existe un Ministerio de Transición Ecológica y una Secretaría de Estado para el Cambio Climático, lo cual parece loable, pero no sabeos hacia donde transitamos.
Se expuso la incidencia de la protección medioambiental en el ámbito rural, desde su perspectiva como abogada en ejercicio. Desde esta posición, la señora Martínez constata, que en otros países menos verdes constituye un privilegio vivir en las zonas rurales, mientras que en España es una heroicidad, debido a la dificultosa, ambigua y compleja legislación en materia medioambiental de nuestro país, que urge a cambiar y mejorarla, ya que produce inseguridad jurídica, es difícil de interpretar y crea situaciones, contrarias a derechos fundamentales y a otros que protegen normas de rango superior, tanto estatales, como europeas. Esta ambigüedad se ha ido puliendo, mediante reclamaciones judiciales y sentencias, pero no parece el mejor camino. Propugnó la necesidad de una verdadera participación de los afectados en la elaboración de las normas de protección, como exige la ley y no se cumple.
En España hay un exceso de protección, el 27% de territorio español y el 9% de la superficie marina están protegidos, prevaleciendo la normativa medioambiental sobre cualquier otra. La declaración de un territorio como protegido, determina enormes limitaciones y restricciones para los propietarios, como el nacimiento de un derecho de tanteo favor de la Administración o la necesidad de solicitud de autorización para actividades, que no se necesita en territorios no protegidos.
Hay sentencias del tribunal supremo que exigen a la administración la regulación con garantías a favor del administrado, como la necesidad de compensarles económicamente y aprobar para ello partidas presupuestarias; la zonificación con georreferencias, que aporte seguridad jurídica a los titulares del suelo o la obligación de establecer verdaderos y eficaces procesos de participación.
Otro tema que trató en su exposición fue el de la co-financiación por parte de los estados de la Unión europea, que declaran las Directivas europeas, pero que se destina al mundo conservacionista, sin pedirles cuentas, olvidando en cambio a quienes se les impone la aportación de sus patrimonios particulares, en aras del interés común de la protección, los propietarios. También fu muy crítica con la excesiva criminalización en materia medioambiental, que prevé gravísimas sanciones, incluso con penas de prisión, para actos realizados en territorio protegido.
Revela el interés del mundo conservacionista en que exista espacio protegido, ya que supone mayor volumen de dinero europeo en ayudas para ellos, mientras que a los propietarios se les impone aportar sus propiedades sin compensación. La apreciación infantil que tiene la opinión pública sobre la naturaleza, constituye un caldo de cultivo fácil para “vender” ideas políticas, bajo el vestido de la protección medioambiental, repercutiendo negativamente en el derecho al desarrollo socioeconómico y en la despoblación, que asola el mundo rural.
Puso como caso paradigmático el del el famoso Almacén de residuos radiactivos en Villar de Cañas, escogido por su idoneidad por el Consejo de Seguridad Nuclear, con apoyo social mayoritario, en el que el gobierno de la región, no partidario la energía nuclear, utilizó instrumentalmente la normativa medioambiental para paralizar la construcción del almacén, extendiendo una ZEPA de 1000 hectáreas a 25.000, de manera que abarcase el terreno donde se iba a construir la instalación, aún cuando es una infraestructura esencial para el Estado.
Finalizó la jornada hablando sobré qué se puede hacer ante este panorama, pues no parece que la única solución deba ser la de enfrentarse continuamente con la Administración ante los tribunales, por lo que propuso una serie de medidas, que deberían adoptarse, partiendo de la racionalidad, el sentido común y la mesura. Así citó la necesidad de reducir la prolija normativa, reducir la ambigüedad de las normas, sustituir la regulación restrictiva y sancionadora, por otra que incentive y premie a quien aporta sus propiedades, debiendo ser compensado por las limitaciones que se le imponen, así como exigiendo verdaderos y eficaces controles técnico-científicos, sobre la necesidad y eficacia real de ciertas medidas, que parecen a priori desmesuradas.
Concluyó proponiendo: “Si el que contamina tiene que pagar, el que aporta debe recibir”
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