Retorno al medio rural, la vuelta al campo tras el Covid19.
INTRODUCCIÓN
En el marco del Comité de Asuntos Rurales (CAR) del IIE, que preside Domingo Gómez Orea, se ha constituido un grupo de trabajo coordinado por Miguel Soriano Moyano, de la Asociación de Ingeniero de Montes, con la participación de José Ramón Arana Montes, también perteneciente a la Asociación de Ingenieros de Montes, el propio presidente del CAR, Domingo Gómez Orea y Vicente Forteza del Rey, ambos de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, José Antonio Rodríguez de la Cruz, Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Cristina Luna de María Toledo y Pedro Oñorbe de Torre, ambos de la Asociación de Ingenieros Industriales. En este grupo de trabajo se ha contado además con la colaboración del Comité del Espacio del IIE a través de su presidenta Isabel Vera Trallero y de los miembros Maite Mejide Montes y Pablo Fajardo Peña. Finalmente, se ha contado con la colaboración, como asesores externos, de Luis Márquez Delgado, Ingeniero Agrónomo y José Enrique Villarino Valdivieso, Economista.
El objetivo de este grupo de trabajo ha sido el de elaborar un documento cuya finalidad es la de plasmar en el mismo una reflexión inducida por la pandemia del Covid19 acerca de las posibilidades que pudieran derivarse respecto a la revitalización los municipios rurales, de las opciones para incentivar y facilitar el arraigo poblacional y mejorar su calidad de vida después del intermedio de una pandemia, que nos ha hecho pensar en enfoques distintos a nuestro trabajo habitual y la posibilidad de desarrollarlo en entornos más en contacto con la naturaleza y algo más alejados de una sociedad de ritmo frenético.
Durante el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia del Covid19, el trabajo en remoto, ya sea en exclusiva o de una forma mixta, presencial y on-line, se ha convertido en una opción real en el mundo laboral, permitiendo trabajar fuera de su oficina habitual, ya sea en su propia casa o en "cooperativa de oficinas".
Una pregunta que podría hacerse es si, al no esta modalidad de trabajo, permitirá hacer factible la posibilidad real de trabajar desde el medio rural en trabajos "avanzados" y tecnificados, para los que, en muchas ocasiones, sólo es necesario conexión a internet y un ordenador. Sin embargo, en relación con esto, conviene señalar la diferencia entre trabajo remoto, que significa trabajar alejado de la sede habitual de trabajo, y teletrabajo que exige formular objetivos y plazos concretos e implica un espíritu de compromiso con los objetivos, de colaboración y de comunicación con todos los implicados.
Otra pregunta que cabría hacerse es la de si esta crisis supone una oportunidad para paliar el despoblamiento y para reactivar el mundo rural mediante el desarrollo de actividades económicas con empresas, con jóvenes que pudieran poner en práctica sus proyectos de vida laboral e incluso con ciertos segmentos profesionales de la población urbana que pudieran dar continuidad a su actividad profesional y a sus proyectos de innovación. Todo ello, favorecería, de modo complementario, un alivio de la presión demográfica en áreas urbanas, una disminución de la contaminación en las ciudades así como mejoraría la conciliación familiar.
El despoblamiento de las áreas rurales está inducido por la falta de actividad económica, la falta de empleo de calidad, razonablemente bien remunerado y estable. El sector primario: agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, aún subvencionado por la PAC, por sí solo no es capaz, salvo excepciones en las comarcas de producción muy intensiva o de singular calidad y precio, de mantener una riqueza y un empleo que retenga a la cada vez más escasa población joven. Afrontarlo requiere dotarlo de medios para el fomento de empleo en actividades no sólo ligadas al sector agroalimentario, forestal o de turismo rural, sino, además, a empresas energéticas, industriales, a la implantación de franquicias o abanderamientos y un amplio abanico de posibilidades que, manteniendo su esencia, permitan la conexión de las zonas rurales al mundo digital del siglo XXI.
CÓMO LLEVARLO A CABO
La base de partida son las diferentes estrategias de desarrollo rural redactadas tanto por la Comunidad Europea, por la Administración General del Estado (AGE) como por las Comunidades Autónomas (CCAA), pero estas herramientas se muestras insuficientes si no se ejecutan en su totalidad dentro del periodo programático y si no lleva a cabo un seguimiento exhaustivo de su eficacia en términos de cumplimiento real de objetivos y de su eficiencia en términos de coste de oportunidad.
El desarrollo rural se tiene que fundamentar en modelos económicos que, ya sea mediante transferencia de recursos procedentes de presupuestos públicos o exclusivamente mediante la iniciativa privada, sean autosuficientes y capaces de mantenerse en el tiempo. Pero para que tales modelos sean eficaces y eficientes es preciso vertebrar el sistema de pueblos sobre las cabeceras comarcales y sobre algunos núcleos cuyo tamaño permita augurar un futuro poblacional estable; de otra forma también las cabeceras perderán población
Los desequilibrios actuales que padece el mundo rural deberían ser corregidos mediante la adopción de diversas medidas de apoyo entre las que estarían:
Incentivos fiscales que, al incrementarse la población y la producción económica, pudieran compensar los sobrecostes que en la actualidad tienen en las áreas rurales la prestación de servicios públicos básicos.
Políticas de alojamiento, mediante la rehabilitación y/o construcción de nuevas vivienda, con una apuesta especial por los jóvenes.
Disponibilidad de suelo industrial que permita la creación de parques científicos y tecnológicos operativos
Acceso rápido y seguro a centros educativos y servicios sociales
En este sentido, la existencia de una red telemática con cobertura rápida y segura en las zonas rurales supondría un salto cualitativo en la enseñanza al dotar de acceso a Internet de alta velocidad a los centros educativos de enseñanzas obligatorias.
Mejora de la atención sanitaria.
Mejoras en las conexiones de transporte de personas y mercancías así como en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en pequeños municipios.
Ampliación y mejora de la cobertura telemática, de las condiciones de buena conectividad.
En abril de 2018, la Unión Europea (UE) rubricó la Declaración de Bled enfocada a garantizar un futuro inteligente de las áreas rurales de la UE en virtud de la cual, se desarrollaría la economía digital rural de forma innovadora, integrada e inclusiva, con el potencial de mejorar la calidad de vida de la población rural y, por lo tanto, de enfrentar el actual despoblamiento y la migración desde estas zonas rurales. Asimismo, se desarrolló el enfoque de los Territorios Rurales Inteligentes (Smart Villages) que, a través de políticas europeas y nacionales se doten del potencial de aumentar la cohesión social y económica y mejorar la igualdad entre ambas realidades sociales.
En nuestro país, el 91,4% de viviendas tienen acceso a internet, pero la brecha se abre entre los municipios menores de 10.000 habitantes (86,8%) y los mayores de 100.000 (93,5%), según la encuesta sobre “Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2019" que anualmente lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El Plan 300 x 100, presentado por el gobierno español en marzo 2018, dotado con 525 millones de euros, pretende garantizar el acceso del 95% de la población de cada provincia de España a redes de banda ancha ultrarrápida con al menos 300 Megabytes por segundo (Mbps) antes de 2021. Por otro lado, la agenda europea quiere que, para este mismo año, todos los ciudadanos europeos tengan conexiones de, al menos, 30 Mbps. La paradoja es que, aunque España es líder en la implantación de fibra óptica, la velocidad a la que aspira la UE no llega a más del 25% de la población: existen algo más de 4.000 municipios en los que no se alcanzan esos 30 megas y, en otras 2.600 localidades, ni siquiera los 10.
En pleno siglo XXI, esta brecha digital debe solventarse si se pretende garantizar el sostenimiento de actividades económicas en las que la aplicación del internet de las cosas (loT) está directamente relacionada con una gestión viable del negocio que pretenda llevar cualquier empresa en un entorno rural, para garantizar una conectividad efectiva, es imprescindible dotar al entorno rural de las infraestructuras necesarias, mediante satélites geoestacionarios, o incluso constelaciones de satélites, como Starlink u otras. La transformación digital en el ámbito empresarial rural debe tener como objetivo la reorganización de los procesos de negocio, las metodologías de trabajo y las estrategias empresariales mediante la aplicación de tecnologías digitales que mejoran la eficiencia y la productividad con la finalidad de impulsar el crecimiento económico, incrementando las ventas y optimizando los costes.
En resumen, todas estas medidas deberán considerarse como retos transversales apoyados en proyectos finalistas cuyos objetivos se basen en
Facilitar el arraigo de la población en el entorno rural y atraer a nuevos vecinos estables a dichas localidades
Impulsar las iniciativas sociales que trabajan por la sostenibilidad y el futuro del mundo rural
Apoyar a las actividades productivas que soportan el tejido social
Dotar de infraestructuras y servicios básicos suficientes para garantizar la calidad de vida de la población
Favorecer la implantación de empresas comprometidas con los retos ambientales y, en particular, con la economía circular
Establecer alianzas entre entidades de interés público y de representación social, así como con entidades privadas
Diseñar una fiscalidad y una financiación adaptadas al medio rural
La creación de un tejido productivo en el entorno rural, que permanezca en el tiempo podrá acometerse exclusivamente mediante la iniciativa privada, en solitario o través de franquicias o abanderados, o bien a través de fondos públicos de la UE, de la AGE o de las CCAA.
En lo referente a las franquicias, la apertura de un negocio en una pequeña población rural significa empleo, riqueza y la oportunidad de revitalizar una zona en ocasiones abocada a desaparecer por la falta de recursos. El mercado nacional de la franquicia cuenta con numerosas enseñas que se adaptan al medio rural favoreciendo el desarrollo de la zona y la provisión a la población de productos y servicios que antes quedaban lejanos, no se trata exclusivamente de negocios dedicados al comercio de la alimentación o de ropa sino también de actividades ligadas al sector servicios, evitando de este modo desplazamientos a la población que habita en estos municipios.
En el caso de gestión financiera a través fondos públicos de la UE, de la AGE o de las CCAA intervienen agentes dinamizadores como los Grupos de Acción Local (GAL)/ Grupos de Desarrollo Rural, asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas (Ayuntamientos y Mancomunidades) y privadas (asociaciones, colectivos, cooperativas, empresas) representativas del tejido socioeconómico de la comarca.
Su principal función es la aplicación de las estrategias europeas de desarrollo rural, a través del diseño, puesta en marcha y gestión de sus estrategias de desarrollo local (EDLP), que son el fruto del análisis de las necesidades de su territorio y del consenso logrado entre los diferentes colectivos que los conforman. Los GAL realizan su EDLP a través del programa LEADER encuadrado en la medida 19 de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), aunque pueden así mismo obtener financiación de otros fondos estructurales diferentes del FEADER, como son el FSE, el FEDER o el FEMP.
Su trabajo fomenta la puesta en valor de los recursos endógenos gracias al conocimiento local. Ayudan a la creación de infraestructuras municipales, a la generación de empresas, a la presencia de servicios para la población y, en suma, a la generación de empleo. Su objetivo básicamente es la tramitación de expedientes de los proyectos propuestos por los diferentes socios, sin entrar a ser promotores de los mismos. Al comienzo de cada período de programación, los GAL son seleccionados a través de convocatoria pública por las comunidades autónomas, gestoras de los PDR.
Otros agentes intervinientes son los Grupos Operativos, agrupaciones de actores de distintos perfiles, tales como agricultores, ganaderos, selvicultores, industrias agroalimentarias o forestales, centros públicos o privados de I+D+i o de formación y asesoramiento, centros tecnológicos o instituciones sin fines de lucro, entre otros, que se asocian para conseguir una innovación al objeto de resolver un problema o aprovechar una oportunidad, con el enfoque de acción conjunta y multisectorial y que se materializan en la propuesta proyectos concretos para presentarse a los concursos abiertos para financiación de los mismos.
Finalmente, los Grupos Evaluadores, son los encargados de llevar a cabo la supervisión de la eficacia y consecución de objetivos de los distintos proyectos subvencionados y financiados por los PDR.. Cada Comunidad Autónoma tiene designado u ente evaluador de los proyectos.
POSIBILIDADES DE DESARROLLO
El abanico de posibilidades es amplio tanto desde un punto de vista de producción de bienes como de servicios.
En el caso de Producción de Bienes de Consumo, el centro productivo ubicado en el medio rural debe estar vinculado con medios complementarios de marketing y distribución. La seguridad de la inversión debe estar relacionada, en la mayoría de los casos, con una buena conexión con infraestructuras viarias o energéticas para asegurar el éxito de la inversión. Dentro de este concepto se podrían englobar sectores como:
Energético
Energía fotovoltaica
España tiene una posición geográfica privilegiada para desarrollar la energía fotovoltaica, para autoabastecerse y para exportar. El planteamiento es ¿cómo desarrollamos esta energía en el mundo rural? ¿Construimos plantas grandes o construimos plantas medianas y pequeñas?
Las grandes plantas fotovoltaicas reproducen el sistema actual de generación centralizada mientras que las medianas y pequeñas desarrollarían la generación distribuida. Otro valor añadido de la tecnología fotovoltaica es el diseño de plantas en cualquier tamaño, sin ser necesario un umbral mínimo de potencia, propiciando el uso de una de las energías más eficientes que tenemos: el autoconsumo. Estas grandes plantas fotovoltaicas evacuan su energía en la red de transporte pero hay escasez de puntos de conexión, mientras que el autoconsumo vierte sus excedentes de producción en la red de media y baja tensión, donde el acceso a la red es más factible. El hito que permite o no una planta fotovoltaica grande es el acceso a la red de transporte y no la disponibilidad de suelo que, en todo caso, podría suponer una ventaja en terrenos próximos a plantas energéticas preexistentes con proyecto de reconversión. Para que la integración del autoconsumo sea óptima se necesitan redes de distribución inteligentes, por eficiencia del propio sistema eléctrico.
El autoconsumo fotovoltaico en cubierta ofrece grandes oportunidades al mundo rural, bien el en el consumo doméstico, bien en el consumo industrial. Un coste significativo de la industria es el energético. El ahorro por autoconsumo fotovoltaico es una oportunidad para el desarrollo de la industria en el mundo rural. Asimismo, la vivienda rural, unifamilar o en edificios con poca altura, es la idónea para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico, lo que supondría un acicate en cuanto al ingreso extra, o dicho de otro modo, al ahorro, que esto supone para los residentes de los municipios rurales. Muchas casas rurales tienen tejados para instalar el doble de potencia fotovoltaica de lo que necesita el hogar. Retribuir los excedentes del autoconsumo fotovoltaico sería una forma de propiciar la inversión aprovechando al máximo la capacidad de todas las cubiertas del territorio. El propietario rural tendría, al menos durante 30 años, un beneficio que podría invertir en el mundo rural (rehabilitar su vivienda, contribuir con su pueblo…). Todo suma. Por otra parte, el Operador del Sistema Eléctrico podría exportar los excedentes del autoconsumo.
Energía eólica
Las iniciativas energéticas señaladas exigen instalaciones generalmente discordantes en el paisaje, por lo que su ubicación debería estar regulada por unas directrices regionales que fijen con claridad las restricciones de localización
Biomasa,
Tanto en su vertiente eléctrica como para ACS, recurso que se ha convertido en una pujante fuente sustitutiva de otros combustibles fósiles de mayor coste y poder de contaminación atmosférica. Se trata de un recurso fundamentalmente ligado al medio rural (la superficie forestal ocupa el 52% del territorio nacional), en un país como el nuestro en el que los incendios forestales son uno de los mayores problemas de gestión ambiental con un crecimiento continuo de la biomasa (un 64% entre el II y III Inventario Forestal Nacional), con un aprovechamiento medio de sólo el 35-40% del crecimiento anual mientras que en países de la UE alcanza el 60%.
Se trata de un recurso energético apoyado tanto por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, la cuala enviado una propuesta de resolución a la Eurocámara para que la UE intensifique la protección y restauración de bosques, proponiendo, entre otras medidas, en el ámbito de la producción sostenible, el uso de combustibles procedentes de la madera y la importación de péllets, que, además, ha sido incluido en la propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 en el que uno de sus objetivos es el de duplicar la presencia de renovables en el uso final de la energía, con la biomasa en un papel destacado en el sector térmico residencial.
El uso de biomasa puede considerarse como una fuente energética de gran utilidad ya que está ligada a un empleo de calidad en zonas rurales contribuyendo a fijar población en estas áreas ya que este empleo se genera básicamente en entornos rurales, facilitando además la gestión de los bosques, está directamente relacionada con la reducción del riesgo de incendios y que contribuye además al incremento de la renta del sector primario a través de la valorización de los subproductos de las actividades agrícola y forestal, haciendo de esta actividad un importante componente de la sostenibilidad económica, social y ambiental del mismo. De cada 100 € que se ingresan por venta de energía en una planta de biomasa para ACS, entre 60 y 70 € vuelven a la economía local principalmente en forma de compra de subproductos agrícolas y forestales, pago de salarios y contratación de diversos servicios. La biomasa, que ya mueve en España un negocio de 3.700 millones €. En cuanto a la biomasa eléctrica, si bien su crecimiento es más modesto al estar limitada su producción, en la actualidad existen 20 centrales en nuestro país que generan 90 MWe. Se estima que cada MWe de potencia instalado da lugar a 27 puestos de trabajo.
El mayor desarrollo de esta energía requeriría la redacción y puesta en práctica de los obligatorios planes de defensa contra incendios forestales, los cuales, a pesar de dicha obligación tienen, en general, un nivel de ejecución muy bajo, así como la necesidad de llevar a cabo planes de ordenación de montes con finalidad energética, aspecto éste que en general presenta también niveles bajos de redacción ya que no llega al 20 % frente al 60% de la UE y mucho menos si nos referimos a porcentajes de montes certificados mediante alguno de los dos procedimientos normativos actuales, PEFC o FSC; aspectos todos estos que deben ser solventados por las Administraciones correspondientes a la mayor brevedad posible para contribuir de esta manera al desarrollo de una herramienta de gran interés para el mundo rural.
Una bonificación fiscal del IVA en el consumo de energías renovables contribuirá a su desarrollo y por tanto fomentaría mejoras en las condiciones socioeconómicas del medio rural, contribuyendo, complementariamente, al equilibrio en el sobrecoste de prestación de servicios básicos en el mismo.
Industria
La dependencia de materiales de protección sanitaria como consecuencia de la pandemia del Covid 19, nos debe hacer reflexionar acerca de nuestra dependencia exterior de suministro y la necesidad de afrontar el reto de la fabricación nacional de todo el material sanitario de protección que permita asegurar una demanda regular y que pueda responder ante una nueva pandemia. Esta puede ser una oportunidad para el sector industrial, no sólo enfocado a la producción y suministro de materiales de protección sino que tuviera también como objetivo el impulso de la biotecnología médica para fabricar en España los equipos necesarios para la detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades contagiosas. Esta puede ser una oportunidad de nueva industria en España y en particular en el mundo rural.
Cómo abordarlo, invita a una cuidadosa reflexión acerca de un modelo económico que incorpore nuevos planteamientos para resolver este reto, ya sea a través del Sistema Nacional de Salud o de la colaboración público-privada. El objetivo sería crear una estructura robusta, organizada y con visión de futuro en la que el mundo rural participaría mediante la disposición de suelo y de la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo.
En resumen, no sólo este sino cualquier otro desarrollo de un sector industrial en áreas rurales requiere:
Digitalización e implantación de herramientas de gestión de la Industria 4.0 a la que se ha hecho referencia anteriormente
Dinamización empresarial, facilitando su crecimiento, el aumento de su dimensión y su sostenibilidad
Mayor implicación en el desarrollo de actividades de innovación, en todas las fases de la producción
Mejora de las condiciones para un más fácil acceso a los mercados y a la exportación
Incorporación de los retos medioambientales y la economía circular en los procesos de producción y gestión
Integración en cadenas de suministro que mejoren la eficiencia de los procesos productivos.
Cultivos e industrias agropecuarias
La pandemia que está azotando al mundo debería obligar a la sociedad y a los gobiernos a repensar muchas cosas y en particular garantizar la producción estratégica de alimentos en la UE para no depender de terceros países, manteniendo exigencias de calidad, ambientales y sociolaborales que están muy por encima de las de los productos importados.
El fomento de un sector agropecuario tradicional actualizado mediante el empleo de herramientas TICs contribuirá al mantenimiento de esta clásica actividad rural, a lo que habría que añadir la mejora del regadío, de la producción agropecuaria, la implantación de industrias derivadas y el fomento de centros tecnológicos agroindustriales en el entorno urbano.
Por parte de los agentes implicados, Administraciones competentes, Asociaciones profesionales y agricultores y ganaderos será de vital interés para la mejora del sector agropecuario en el mundo rural, mejorar la rentabilidad y sostenimiento económico de las explotaciones con propuestas como:
Integración y asociación de los productores, de tal forma que puedan disponer de mayor capacidad de negociación en el mercado
Capacitación y formación de los productores y de sus organizaciones
Innovación sectorial y avances en la gestión de las explotaciones
Fomento de cultivos tradicionales y del consumo de productos locales, contribuyendo, complementariamente, a la reducción, a escala país, de la huella de carbono (las emisiones de CO2 del transporte representan un tercio de las emisiones mundiales)
Facilitar el funcionamiento de las cadenas de suministro, permitiendo una mejor distribución del valor entre los operadores que la componen
Incrementar la atención a los mercados y a las demandas de los consumidores
Promover cambios tecnológicos y de gestión orientados a una mayor integración ambiental
Adaptación a las nuevas tecnologías mediante:
Digitalización de los procesos productivos (IoT y Big data).
Aplicaciones de nuevas tecnologías a la mecanización del cultivo.
Aplicaciones de la Biotecnología a la mejora genética (aumento de rendimientos, mejora de calidad, resistencias a altas temperaturas, sequía, salinidad y otros factores limitantes).
Recuperación de material vegetal de alta calidad, con demanda en los mercados (en especial, frutas de hueso y hortalizas).
Diseño y aplicación de nuevos fertilizantes y bioestimulantes.
Racionalización del empleo de fitosanitarios autorizados y aplicación de nuevos métodos de lucha biológica para la defensa de las producciones.
Lucha contra las malas hierbas, enfermedades y plagas mediante inteligencia artificial.
Ahorro de agua mediante propuestas basadas en:
Reducción del consumo de agua de riego y empleo de energías renovables para su aplicación.
Mejoras en el seguimiento y evolución precisa de los cultivos mediante el empleo de drones.
Hidroponía
Mejora de la trazabilidad en los mercados de las producciones y sus elaboraciones, tanto artesanales como industriales, mediante el empleo del blockchain.
Diseño de nuevas líneas de seguros agrarios adaptadas a las situaciones que deriven de las variaciones en los riesgos climáticos y los riesgos del mercado
Bioeconomía forestal
Con el incremento de la inversión para la gestión y valorización del territorio forestal y la promoción del usode materiales forestales (madera, corcho, resinas, fibras vegetales, productos micológicos…) sustituyendo a otros con mayor huella de carbono (plásticos, metales, cemento…) se contribuye a frenar la despoblación rural en áreas forestales. Su complementación con la Agenda 2030 en cuanto a desarrollo sostenible, utilización de energía renovables y fomento del empleo rural (puestos de trabajo estables con un horizonte a medio-plazo) así como el aprovechamiento del Fondo de Transición Justa creado en el Pacto Verde Europeo pueden ser herramientas de gran utilidad para conseguir dichos objetivos.
En este sentido, la gestión forestal sostenible es la herramienta de mayor alcance no sólo por el valor añadido de los diferentes recursos que pueden obtenerse de ella sino por su contribución como sumidero de carbono y elemento indispensable para la lucha contra el cambio climático.
La gestión forestal es una de las líneas maestras recogidas en la Estrategia para la Biodiversidad 2030 de la UE por estar directamente relacionada con la mayor capacidad de secuestro de carbono así como por ser el elemento principal para la defensa y prevención de grandes incendios forestales. Esta gestión de masas forestales, vinculadas fundamentalmente al entorno rural permitirá un empleo estable y especializado que se mantendrá en el tiempo. Pero para llegar a alcanzar este objetivo será necesario que por parte de las Administraciones competentes:
Se redacten los planes comarcales de defensa contra incendios forestales, cuyo nivel cuantitativo de redacción es muy bajo
Se redacten los planes de ordenación de montes, cuyo porcentaje promedio a nivel nacional no llega al 20% y se certifique la superficie arbolada por alguno de los sistemas normalizados vigentes, FSC/PEFC (actualmente el porcentaje no llega al 15%)
Se liberen recursos económicos para afrontar un reto que es imprescindible para la conservación de nuestros bosques, para su defensa contra los incendios forestales y para la correcta gestión hidrológico-forestal de las cuencas hidrográficas y en consecuencia de la calidad de las aguas vertientes.
Tal y como se ha expuesto anteriormente, la concordancia de los tratamientos selvícolas con su aprovechamiento energético como biomasa tiene un enorme interés económico que revierte en forma de ingresos y empleo para la población rural y las entidades municipales o supramunicipales. En este sentido, la figura de colaboración público-privada debería ser considerada por su utilidad para conseguir los objetivos pretendidos sin necesidad de incrementar el gasto público.
Por otra parte, deberían acometerse medidas complementarias tales como:
Formación profesional homologada para el desarrollo de líneas de negocio relacionadas con la bioeconomía forestal y creación de centros de gestión logística
Desarrollo de la figura de colaboración público-privada y de la de esponsorización
Desarrollo de un tejido tecnológico ad hoc para la bioceconomía forestal adaptada a una comarca, mediante la colaboración Empresa-Universidad, posibilidad de utilización de infraestructuras espaciales, para la observación de la tierra, las comunicaciones y la geolocalización.
Creación de districts-heatings (redes de calor) y plan de renovación de calderas de gasóleo y carbón
Desarrollo de modelos favorecedores de empleo y de start-ups tales como el Modelo UrbanForest Innovation Lab Cuenca.
En el caso del Sector Servicios, la potencialidad del desarrollo de actividades económicas en el mundo rural está vinculada a:
Desarrollo de Modelo Económico basado en la red Natura 2000
Otra de las líneas maestras consideradas en la Estrategia para la Biodiversidad 2030 de la UE, a la que se ha hecho mención anteriormente, en línea con el Pacto Verde Europeo presentado en noviembre 2019, reconoce los potenciales beneficios económicos relacionados directamente con la conservación de la biodiversidad. Esta Estrategia considera que el ratio beneficio/coste de un efectivo programa global para la conservación de la naturaleza es de 14/1. La inversión en capital de servicios ambientales, incluyendo restauración de hábitats sumideros de carbono, de agricultura sostenible, debe ser considerada como una de las cinco políticas fiscales más importantes por su alto efecto económico multiplicador y positivo impacto en la lucha contra el cambio climático.
Adoptada durante la pandemia de COVID-19, la estrategia es un elemento central del plan de recuperación de la UE, crucial para prevenir y desarrollar la resiliencia ante brotes futuros y proporcionar oportunidades comerciales y de inversión inmediatas para restaurar la economía de la UE. También tiene como objetivo hacer que las consideraciones sobre biodiversidad sean una parte integral de la estrategia general de crecimiento económico de la UE. Dicha Estrategia pretende que el 30% de la superficie europea tenga nivel de protección a través de planes efectivos de restauración y conservación, así como que al menos el 10% del área agrícola esté bajo características de paisaje de alta diversidad. En este sentido, es preciso mencionar que la superficie terrestre que conforma la Red Natura 2000, figura principal en la que se basa dicha Estrategia, ocupa aproximadamente un 27,35 % del territorio español.
Las acciones previstas en la protección de la naturaleza, el uso sostenible y la restauración traerán beneficios económicos a las comunidades locales, creando empleos sostenibles y crecimiento. Se desbloqueará una financiación de 20.000 millones € anuales para la biodiversidad a través de diversas fuentes, incluidos fondos de la UE, financiación nacional y privada, que, en buena lógica, deberían estar focalizados en gran medida en áreas rurales en las que se concentra la gran mayoría de los espacios que conforman la Red Natura 2000.
Esta Estrategia emana del Pacto Verde Europeo, presentado en noviembre 2019, el cual aventura inversiones sostenibles para la próxima década en acciones por el clima y en defensa del medio ambiente. Está fundamentado en lo que denomina “Mecanismos para la Transición Justa”, esencial para transitar hacia una economía climáticamente neutra y justa, para lo que están previstos 100.000 millones € de 2021 a 2027, en aras de mitigar el impacto socio económico de la transición. Cómo se coordinen Estrategia y Pacto deberá concretarse a corto plazo por parte de la UE y de sus Estados miembros con el fin de poder planificar actuaciones en los periodos y plazos mencionados.
El plan al que hace referencia esta Estrategia creará puestos de trabajo, actividades económicas sostenibles en el tiempo y darán valor al capital natural en entornos directamente ligados al mundo rural, en donde será necesario llevar a cabo medidas para:
El fomento de actividades económicas privadas, sostenibles, relacionadas con la conservación de espacios naturales
La liberación de recursos económicos mediante inversiones públicas para llevar a cabo las actividades de restauración y conservación recogidas en los respectivos planes de gestión.
La formación profesional, tanto para la restauración como el posterior mantenimiento periódico de dichos espacios
Turismo rural
Estrategias de desarrollo de turismo rural deberían ser concretadas por parte de las Administraciones responsables de las CCAA, poniendo en valor el patrimonio cultural y natural del mundo rural, de sus usos y costumbres, de su arquitectura religiosa y civil y fomentando el turismo rural como vehículo que facilite actividades económicas directas e indirectas que redunden en beneficio socioeconómico de las zonas rurales.
Dentro del amplio abanico de posibilidades y figuras preexistentes de turismo rural, pasivo o activo, habría que considerar el patrocinio y promoción de carreteras paisajísticas así como de obras públicas abandonadas, de interés como obras arquitectónicas o de ingeniería singular, de las cuales el Caminito del Rey podría considerarse el prototipo de ellas.
Asimismo, un país en el que, como se ha mencionado anteriormente, algo más del 27%, está incluido en la Red Natura 2000, tiene un potencial considerable para poner en práctica un amplio abanico de actividades económicas vinculadas al turismo de naturaleza.
Como complemento a la propuesta anterior, la creación de una red de “vías verdes” interconectadas, al modo de las existentes en países como Francia o Gran Bretaña, serían un acicate para la aparición de actividades económicas ligadas al turismo rural y de naturaleza. Esta red conectaría espacios culturales y naturales de interés de modo continuo para ser transitadas mediante senderismo o cicloturismo. Las actividades a desarrollar deberían compatibilizarse con la normativa aplicable al respecto y en el caso de espacios naturales a lo recogido en los planes de gestión respectivos que estuvieran aprobados.
Pago por Servicios ambientales
Los espacios naturales y los forestales en particular, ofrecen mucho más que productos sostenibles necesarios para una transición ecológica real, ofrecen servicios ecosistémicos, necesarios para el conjunto de la sociedad: regulando los caudales hídricos de las cuencas hidrográficas, fijando carbono, ofreciendo baños de naturaleza que se han demostrado beneficiosos para la salud…y lo hacen sin contraprestación alguna, las zonas rurales satisfacen la demanda de áreas urbanas sin compensación y cargándoles los gastos de gestión y costes de oportunidad
La remuneración de las externalidades positivas contempla el pago de los servicios ambientales y también las inversiones adicionales específicas necesarias para los beneficios socioeconómicos integrando así la dimensión social. La compensación por servicios ambientales no debería ser un subsidio sino un pago y podría suponer:
Menor coste de mantenimiento de infraestructuras hidráulicas y en tratamientos de potabilización de agua como consecuencia de la gestión hidrológico-forestal de la cuenca de recepción de la ETAP correspondiente, lo que debería redundar, al menos parcialmente, en los propietarios y gestores de los terrenos vertientes. Hay que tener en cuenta además que esta correcta gestión hidrológico-forestal supone un incremento no inferior al 5% del agua disponible por lo que la remuneración por externalidades hidrológicas debería contemplar las inversiones necesarias para los beneficios socioeconómicos del entorno rural
Un control del daño evitado por regulación de avenidas. En este sentido habrá que tener en cuenta el desarrollo final que se haga de la recientemente presentada “Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales” por parte del Banco Central Europeo para supervisiones bancarias
Un menor riesgo de incendios con el consiguiente ahorro de gastos potenciales en la extinción así como de daños en bienes y servicios, aspecto éste que estaría vinculado con la guía mencionada en el punto anterior
Compensación por la gestión forestal y su capacidad de fijación de CO2
Desarrollo de servicios recreativos de acercamiento a la naturaleza para la ciudadanía
Para normalizarlo debería fomentarse la certificación FSC/PEFC por servicios ecosistémicos, la colaboración público-privada para el cobro de compensaciones mediante una correcta valoración de beneficios y el incremento de la inversión pública en la corrección hidrológico-forestal de cuencas.
Los fondos que se deriven del Pacto Verde Europeo deberían ser tenidos en cuenta para la puesta en práctica, en los casos que corresponda, de pagos por servicios ambientales que redunden en beneficio de las zonas rurales que albergan los territorios que satisfacen las demandas de la sociedad en su conjunto.
CONCLUSIONES
Las trágicas consecuencias que está teniendo la pandemia del Covid19 ha revelado una adaptación de las actividades socieconómicas y laborales que mediante enfoques distintos a los habituales ha permitido desarrollarlas en entornos no necesariamente urbanos, abriendo la posibilidad a llevarlas a cabo en el medio rural, aliviando a su vez, la presión demográfica en áreas urbanas, la contaminación en las ciudades y mejorando la condiciones para la conciliación familiar.
El mantenimiento en el tiempo de esta opción permitiría la revitalización de los municipios rurales atrayendo nueva población que pretendiera poner en práctica sus proyectos de vida laboral, atrayendo a ciertos segmentos profesionales de la población urbana que pudieran dar continuidad a su actividad profesional y a sus proyectos de innovación así como abriría la opción a la creación de un tejido empresarial que encontrara ventajas competitivas en dicho entorno.
Pero para ello, este desarrollo rural se tiene que fundamentar en modelos económicos que, ya sea mediante transferencia de recursos procedentes de presupuestos públicos o exclusivamente mediante la iniciativa privada, sean autosuficientes y capaces de mantenerse en el tiempo, vertebrando el sistema de pueblos en un nuevo modelo apoyado en las cabeceras comarcales y/o en núcleos cuyo tamaño permita augurar un futuro poblacional estable. Los desequilibrios actuales que padece el mundo rural deberían ser corregidos mediante la adopción de diversas medidas como las enumeradas en este informe: incentivos fiscales, disponibilidad de vivienda y suelo industrial, acceso a servicios básicos, mejoras en las infraestructuras y ampliación y mejora de la cobertura telemática en condiciones de buena conectividad solventando la brecha digital que permita el sostenimiento de actividades socioeconómicas mediante las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).
